En esta línea, Isabel Blanco, consejera de Familias e Igualdad de Oportunidades ha destacado que “hemos alcanzado importantes acuerdos para mejorar la atención que reciben las 174.000 personas con discapacidad que viven en Castilla y León, lo que supone el 7,3 % de la población”.

 

Dentro de los compromisos adquiridos por la Junta con el sector de la discapacidad, se ha acordado incrementar, para 2022, un 8 % las cuantías de las plazas de concierto en residencias y centros de día y un 9 % en el caso de las plazas en vivienda. Castilla y León es la Comunidad autónoma que más incrementa el precio de las plazas concertadas permitiendo a las entidades integradas en CERMI Castilla y León que prestan estos servicios hacer frente a gastos como la subida de la luz, mejorar la atención y la calidad de vida de los usuarios, así como las condiciones laborales de sus trabajadores y continuar con la implantación del modelo centrado en la persona que impulsa la Junta. Este incremento será efectivo a partir del 1 de julio y para cubrir el primer semestre se concederá un complemento compensatorio.

 

Asimismo, Isabel Blanco ha explicado que “continuaremos con la tramitación del proyecto de ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León y de la ley reguladora del modelo de atención residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León para que ambos sean remitidos a las Cortes antes de fin de este año”.

 

En el encuentro mantenido esta mañana también se ha acordado convocar la sección de atención a la discapacidad para evaluar los resultados del I Plan Estratégico Discapacidad e iniciar uno nuevo para el periodo 2023-2026.

 

Desde CERMI Castilla y León, al amparo de la Ley 19/2013 de Transparencia, hemos propuesto como línea de mejora del sector y garantizar la calidad y eficacia de los servicios algunas ideas como la incorporación de cláusulas que garanticen la transparencia y el buen gobierno en aspectos tales como los códigos éticos, los códigos de buen gobierno y de funcionamiento, los estatutos, los órganos de gobierno…

 

En la misma línea, proponemos a la Administración avanzar en un modelo de profesionalización de las entidades de la discapacidad abordando cuestiones como liderazgo, mejorar del rol y capacitación de los órganos de gobierno, orientaciones al cambio y a la innovación, orientaciones a resultados y cuestiones que afectan a los valores y a la cultura de las entidades. “Todas estas líneas van directamente a mejorar los servicios de las personas, a mejorar su calidad de vida que es nuestra prioridad”, destaca Pérez.

 

Por otra parte, con el fin de avanzar en el modelo de atención centrado en la persona que está impulsando la Junta de Castilla y León y de avanzar en el desarrollo de la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, así como para impulsar medidas de mayor profesionalización en la gestión de las entidades y profundizar en medidas de buen gobierno y transparencia de las entidades, la consejera de Familia ha anunciado que “vamos a actualizar el protocolo para la mejora del modelo de atención a las personas con discapacidad”.

 

 

Otro de los puntos relevantes de la reunión ha sido el acuerdo para solicitar al Gobierno de España que, si la Unión Europea aprueba la creación del Centro de Accesibilidad Universal de la Unión Europea y su sede se establece en España, que ésta se ubique en el territorio de Castilla y León. Se trata de un centro previsto en la Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el período 2021-2030, que la Comisión Europea pondrá en marcha, y cuyo objetivo es unificar y conseguir mayor coherencia y armonización entre los distintos países de la UE en lo referido a las políticas públicas de accesibilidad y a promover una cultura de igualdad de oportunidades y de plena participación en la sociedad para las personas con discapacidad.

 

Con vistas a la presidencia española de la Unión Europea del segundo semestre de 2023, el pasado mes de abril, Cermi solicitó al Gobierno que España se postulara para albergar este centro por ser uno de los países más activos en materia de accesibilidad universal y así evidenciar el compromiso de España con este valor, esencial para la inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad. La propuesta de la Junta de Castilla y León para que este centro se ubique en la Comunidad cuenta con el pleno respaldo del Cermi estatal, quien ha manifestado al Gobierno autonómico su completo y firme apoyo a la candidatura de Castilla y León, que confían que prospere.

 

“Esto es una magnífica noticia para todas las entidades de CERMI Castilla y León porque es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo en clave de accesibilidad universal y el despliegue de la misma para conseguir espacios 100% accesibles”, destaca Pérez con la ilusión de ver a Castilla y León como sede de este centro.

 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha mantenido hoy una reunión con la Junta Directiva de CERMI Castilla y León- para seguir avanzando en derechos y sostenibilidad. “El modelo de atención centrado en la persona es nuestra prioridad y es un irrenunciable. Por lo tanto, todo nuestro trabajo gira en torno a la sostenibilidad y viabilidad de nuestras entidades y para ello el incremento de las cuantías es vital” destaca Juan Pérez, presidente de CERMI Castilla y León al finalizar la región. En esta línea, Isabel Blanco, consejera de Familias e Igualdad de Oportunidades ha destacado que “hemos alcanzado importantes acuerdos para mejorar la atención que reciben las 174.000 personas con discapacidad que viven en Castilla y León, lo que supone el 7,3 % de la población”.

 

Dentro de los compromisos adquiridos por la Junta con el sector de la discapacidad, se ha acordado incrementar, para 2022, un 8 % las cuantías de las plazas de concierto en residencias y centros de día y un 9 % en el caso de las plazas en vivienda. Castilla y León es la Comunidad autónoma que más incrementa el precio de las plazas concertadas permitiendo a las entidades integradas en CERMI que prestan estos servicios hacer frente a gastos como la subida de la luz, mejorar la atención y la calidad de vida de los usuarios, así como las condiciones laborales de sus trabajadores y continuar con la implantación del modelo centrado en la persona que impulsa la Junta. Este incremento será efectivo a partir del 1 de julio y para cubrir el primer semestre se concederá un complemento compensatorio.

 

Asimismo, Isabel Blanco ha explicado que “continuaremos con la tramitación del proyecto de ley de apoyos al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León y de la ley reguladora del modelo de atención residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León para que ambos sean remitidos a las Cortes antes de fin de este año”.

 

En el encuentro mantenido esta mañana también se ha acordado convocar la sección de atención a la discapacidad para evaluar los resultados del I Plan Estratégico Discapacidad e iniciar uno nuevo para el periodo 2023-2026.

 

Desde CERMI Castilla y León, al amparo de la Ley 19/2013 de Transparencia, hemos propuesto como línea de mejora del sector y garantizar la calidad y eficacia de los servicios algunas ideas como la incorporación de cláusulas que garanticen la transparencia y el buen gobierno en aspectos tales como los códigos éticos, los códigos de buen gobierno y de funcionamiento, los estatutos, los órganos de gobierno…

 

En la misma línea, proponemos a la Administración avanzar en un modelo de profesionalización de las entidades de la discapacidad abordando cuestiones como liderazgo, mejorar del rol y capacitación de los órganos de gobierno, orientaciones al cambio y a la innovación, orientaciones a resultados y cuestiones que afectan a los valores y a la cultura de las entidades. “Todas estas líneas van directamente a mejorar los servicios de las personas, a mejorar su calidad de vida que es nuestra prioridad”, destaca Pérez.

 

Por otra parte, con el fin de avanzar en el modelo de atención centrado en la persona que está impulsando la Junta de Castilla y León y de avanzar en el desarrollo de la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, así como para impulsar medidas de mayor profesionalización en la gestión de las entidades y profundizar en medidas de buen gobierno y transparencia de las entidades, la consejera de Familia ha anunciado que “vamos a actualizar el protocolo para la mejora del modelo de atención a las personas con discapacidad”.